La problemática del acceso a la justicia es una cuestión profundamente estudiada por la sociología, ya que involucra no solo la igualdad formal plasmada en las leyes, sino también la desigualdad socioeconómica que afecta a los ciudadanos en la práctica. La igualdad jurídica formal garantiza a todos los ciudadanos el derecho de acceder a la justicia para defender sus derechos y obtener soluciones legales. Sin embargo, la realidad social muestra que los obstáculos socioeconómicos y culturales juegan un papel crucial en el acceso real a la justicia estatal. 

El acceso a la justicia es un derecho fundamental que toda persona posee, implicando el conocimiento, reconocimiento y ejercicio de este derecho, con el Estado como garante. Además, la igualdad en la justicia tiene miras al establecimiento de un orden jurídico global. Es así, como en un sistema igualitario moderno que pretende garantizar los derechos de todos, el acceso a la justicia es intrínseco al derecho fundamental de recibir una respuesta estatal o alternativa a los conflictos sociales. Sin embargo, en la práctica, la igualdad en el acceso a la justicia se ve comprometida por la posición social, cultural y económica de los ciudadanos, dejando a muchos sectores vulnerables excluidos de este derecho. 

Desigualdad en el acceso a la justicia: Una realidad persistente

A pesar de las reformas y la legislación existente en los distintos gobiernos, el acceso a la justicia sigue siendo un derecho no plenamente garantizado. El derecho oficial, a pesar de declararse conocido por todos, sigue siendo un discurso inaccesible para muchos, incluso para los propios operadores jurídicos. Esto subraya la necesidad de analizar la problemática desde una perspectiva amplia, crítica e interdisciplinaria. Es crucial cambiar el paradigma al buscar soluciones, resolviendo los conflictos sociales mediante métodos alternativos y enfocándose en las realidades socioeconómicas y culturales de los sectores vulnerables.

En última instancia, es esencial que los propios afectados encuentren vías de solución a sus disputas sin necesidad de iniciar procesos judiciales largos y costosos. Esto requiere un enfoque inclusivo que contemple la diversidad de valores y prácticas de todos los sectores sociales, garantizando así un acceso a la justicia más equitativo y efectivo.

Por ejemplo, las barreras sistémicas dentro del sistema legal de Estados Unidos son un caso claro donde se puede evidenciar la dificultad que las comunidades marginadas tienen para acceder a la justicia. Estas barreras incluyen prejuicios arraigados, limitaciones financieras y complejidades institucionales. Según Terlouw y Van der Pas (2024), estas barreras perpetúan ciclos de injusticia y mantienen la estratificación social. Siendo los prejuicios raciales y socioeconómicos son obstáculos significativos. Estudios han demostrado que las comunidades de minorías étnicas y los grupos socioeconómicamente desfavorecidos enfrentan desafíos únicos que les impiden buscar ayuda legal. Sternberg (2016) destaca que las experiencias negativas y la falta de conocimiento legal son grandes obstáculos que se deben superar para fomentar la confianza en el sistema legal.

Reflexión y necesidad de un enfoque crítico

Teniendo en cuenta el escenario estadounidense para garantizar un acceso equitativo a la justicia, es crucial implementar reformas estructurales. Kovera (2019) argumenta que abordar solo los prejuicios implícitos no es suficiente. Se necesitan políticas estructurales más amplias que aborden las causas fundamentales de las disparidades en la policía, las poblaciones carcelarias y la participación en los jurados.

Estas reformas incluyen la creación de políticas que restrinjan la operación de los prejuicios, tanto implícitos como explícitos, y que minimicen los resultados problemáticos para todos, independientemente de su raza. La reforma del sistema de justicia penal, por ejemplo, requiere un enfoque integral que abarque desde las interacciones con la policía hasta las sentencias y más allá.

En relación con este sistema, estudios recientes indican que la colaboración entre los ciudadanos y los profesionales del sistema de justicia penal emerge como un elemento central en este proceso de cambio. Se ha observado que la colaboración positiva entre los ciudadanos y las fuerzas del orden en las comunidades urbanas reduce significativamente los incidentes de elaboración de perfiles raciales. 

Conclusión

La desigualdad en el acceso a la justicia es un desafío global que afecta profundamente a las sociedades, manifestándose de diversas formas según el contexto cultural, social y económico de cada región. El análisis del sistema judicial estadounidense, con sus barreras sistémicas y prejuicios arraigados, proporciona una perspectiva valiosa sobre las dificultades que enfrentan las comunidades marginadas para obtener justicia. Es imperativo considerar las estrategias y propuestas presentadas por diversos estudiosos y profesionales del derecho, no solo como soluciones aplicables en Estados Unidos, sino como modelos a adaptar en otros contextos. Las reformas estructurales que buscan eliminar los prejuicios implícitos y explícitos, la colaboración comunitaria, y el diseño legal centrado en las personas, son enfoques que pueden transformarse en herramientas poderosas en cualquier sistema judicial del mundo.

La implementación de litigación estratégica, la adopción de obligaciones legales proactivas, y la creación de programas de asistencia legal comunitaria son pasos cruciales hacia un acceso más equitativo a la justicia. Estas estrategias no solo tienen el potencial de nivelar el campo de juego para los más vulnerables, sino que también fortalecen el tejido social al promover la confianza y la colaboración entre la ciudadanía y las instituciones jurídicas.

Es un llamado a la acción para que los miembros de la sociedad civil de distintos lugares del mundo consideren estas estrategias y su aplicación en sus propios contextos. La lucha por un acceso justo y equitativo a la justicia es una tarea compartida que requiere un esfuerzo colectivo y una visión inclusiva para garantizar que todos los ciudadanos, sin importar su origen o condición social, puedan defender sus derechos y vivir en una sociedad más justa y equitativa.

REFERENCIAS 

• Kovera, M. (2019). Racial disparities in the criminal justice system: Prevalence, causes, and a search for solutions. Journal of Social Issues, 75(4), 1139-1164. https://doi.org/10.1111/josi.12355
• Sternberg, S. (2016). Race, Class, and Access to Civil Justice. Iowa Law Review, 101(4), 1263-1321. https://wwwproquest.upc.elogim.com/scholarly-journals/race-class-access-civil-justice/docview/1791037161/se-
• Terlouw, A., & van der Pas, K. (2024). The battle against ethnic discrimination: realizing the (utopian) promise of non-discrimination law. Ethnic and Racial Studies, 1–20. https://doi.org/10.1080/01419870.2024.2328345